En nuestro país, la informalidad se ha venido vistiendo de traje y corbata para tomar su lugar en los escritorios estatales. El software pirata se ha posicionado en la infraestructura informática de la administración pública y se mantiene a la fecha en el 69% de las computadoras del Estado, de acuerdo a cifras de Indecopi.
A través del D.S. Nº 037-2005-PCM se indica que las instituciones del Estado tienen plazo hasta el 31 de diciembre de este año para “inventariar los software con que cuenten, procediendo a la eliminación de aquellos que no cuenten con la respectiva licencia, en tanto se requiera dicha licencia; o a la correspondiente regularización con los titulares de derechos de los mismos“, obligando al sector público a desterrar de su infraestructura tecnológica toda muestra de software ilegal.
Respeto por la ley
La norma se estableció en el 2003, fijando como fecha límite para legalizar las plataformas del Estado el 2005, sin embargo el plazo se extendió hasta el 2006. Martín Moscoso, Jefe de la Oficina de Derecho de Autor de INDECOPI, considera que ha habido suficiente tiempo para adoptar las medidas presupuestales y operativas necesarias para cumplir con la ley. El ejecutivo indica que la norma ha resultado positiva y gruesos bloques del sector público se han acercado a los proveedores para regularizar sus aplicaciones.
Moscoso manifiesta que en algunos casos, los jefes de informática han entendido que la norma les otorgaba cierta amnistía hasta vencer el plazo, pero sin embargo el ejecutivo aclara que todas las instituciones del Estado, al igual que la empresa privada están sujetos a inspecciones, indicando que ante una eventual firma de TLC, se incrementaría la presión para cumplir con los acuerdos internacionales que obligan al respeto por la propiedad intelectual.
El ejecutivo indicó que las entidades que mantengan software ilegal deberán asumir el riesgo que ello implica, resaltando que su oficina a la fecha ha incrementado las acciones de inspección en instituciones del Estado en todo el país, abarcando desde instituciones militares hasta municipalidades provinciales y sancionando a los infractores.
Evaluaciones irregulares
Pero no se trata de regularizar licencias de software haciendo uso indiscriminado del dinero que todos los ciudadanos hemos puesto en manos del Estado. La ley de neutralidad tecnológica, busca asegurar un eficiente aprovechamiento de los escasos presupuestos asignados a la administración pública, sin embargo algunas evaluaciones publicadas en las páginas de transparencia de las respectivas instituciones indican que no se están realizando los análisis de software en forma adecuada.
Editora Perú, publica en su web la evaluación para una solución para servidores, haciendo la comparación entre un servidor Windows 2003 Server y un servidor Red Hat 7. La misma situación se repite en el caso de Sunass, en donde se ha llevado a cabo una comparativa entre Windows 2003 Server y un servidor Red Hat 8.
Hernán Lúcar Cuculiza, consultor independiente especializado en sistemas de código abierto, indica que en ambos casos las comparaciones han tenido como base alternativas de software libre que resultan obsoletas, señalando que debía hacerse la comparación con sistemas de servidor como Red Hat Enterprise Linux 4, Ubuntu Server o Mandriva Corporate Server, los cuales cuentan con representantes locales que ofrecen servicios de consultoría y soporte. A esto el especialista añadió que las evaluaciones solo están tomando como referencia el punto inicial de compra y no el TCO de las aplicaciones.
Lúcar señala que existen soluciones de software libre y código abierto que pueden reemplazar servicios de red tales como servidores de archivos e impresoras, autenticación de usuarios, correo electrónico, aplicaciones web, servicios de seguridad, sin la necesidad de efectuar pagos por conceptos de servidor, licencias, o por los usuarios conectado (CAL). Hernán afirma que en la mayor parte de los casos, la migración a estas soluciones resulta transparente a los usuarios y su impacto económico es significativo, especialmente cuando se trata de entidades públicas grandes.
Lúcar considera que en el Estado muchas veces los informes resultan sesgados, no solo por desconocimiento de las características técnicas del software alternativo, sino también porque no resulta políticamente aceptable obligar a la organización a realizar cambios, a menos que una inspección resulte inevitable.
El informe de Editora Perú coloca como fuente una página web inexistente (www.opensourcer.org), cuando debieran citarse como fuente empresas locales de asesoría y soporte. IBM, HP, Adexus, GMD, Sinux, SoporteLinux.com, Peruserver, son solo algunos de los proveedores locales que pueden asistir a las entidades del Estado en la evaluación de herramientas y plataformas de código abierto, con miras a una implementación.
La situación en las evaluaciones de los paquetes de ofimática no es diferente. Aunque la norma indica que debe evaluarse las alternativas en el mercado, entidades del Estado como la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), presentan informes en los que no se hace una evaluación técnica detallada, aprobando una inversión de 400 dólares por cada paquete sin realizar la comparativa de MS Office respecto a suites alternativas como Workplace, OpenOffice.org (gratuito), o StarOffice.
La revista PC World de Alemania (pcwelt.de) realizó una evaluación comparativa entre OpenOffice.org 2.0 y la suite de oficina Microsoft Office 2003. El estudio indica que OpenOffice.org tienen una mayor exigencia de recursos y tardó más en cargar documentos muy pesados durante las pruebas; pero al mismo tiempo se explica que la carga de documentos pesados es una práctica poco usual en un ambiente de trabajo. En resumen, el estudio concluye que “OpenOffice.org 2.0 es de lejos el líder, considerando sus numerosas funciones y su imbatible relación de precio-calidad”.
Lúcar indica que al migrar la suite de oficina se estaría logrando una ahorro del 60% de los costos de licenciamiento, e indica que bajo su gestión en Prompyme se realizó una migración hacia OpenOffice sobre el 70% de las máquinas, y la situación se mantiene al interior esa entidad a pesar del cambio de administración.
Migración sobre Windows
Todos los especialistas consultados para el desarrollo de este informe coinciden en que MS Office resultaría el mayor gasto en licencias en un proceso de legalización de software. La V Encuesta Nacional de Recursos Informáticos, registra un parque de computadoras de escritorio que excede las 130 mil máquinas. Solo para legalizar la suite de oficina MS Office en el 69% de esta infraestructura, sería necesaria una inversión por encima de los 30 millones de dólares.
Las alternativas a MS Office, no solo tienen un costo menor, sino que también soportan el formato XML ODF, el cual ha sido reconocido como ISO 26300 para el intercambio de documentos. Gartner pronostica que hacia el 2010, el 50% de los gobiernos requeriría el intercambio de información sobre este estándar. Google Writely, OpenOfice.org 2.0, Workplace, Koffice y StarOffice ya soportan ODF, asegurando el libre intercambio de datos entre sus aplicaciones.
Ricardo Supo, consultor de Aureal Systems (aureal.com.pe), manifiesta que el 90% de los usuarios hace un uso básico de la suite de oficina, solo un 7% hace un uso intermedio y solo un 3% aplica funciones avanzadas. El especialista indica que las instituciones debieran analizar la forma en que se usa la suite de ofimática en sus organizaciones, e indica que se puede migrar en forma automática hacia OpenOffice a aquellos usuarios que para su función solo utilizan el procesador de texto y en forma básica la hoja de cálculo. Para la migración de usuarios avanzados que utilizan macros en Excel, se requiere mayor tiempo, debido a que es necesario programar nuevamente las macros en el lenguaje de OpenOffice.
Supo indica que hay que realizar algunas personalizaciones para evitar que se modifique la estructura de los documentos por cuestiones de márgenes o estilos, además se debe adecuar el programa a las preferencias del usuario, y es necesario ajustar los formatos por defecto a .doc y .xls para asegurar el libre tráfico de documentos hacia otras organizaciones. El especialista afirma que estos procedimientos no tienen que ser manuales, pues para despliegues masivos se puede desarrollar un programa complementario al instalador, que realice los ajustes necesarios en forma automática.
La oferta de Microsoft
El gigante de Redmont ha ofrecido a nuestro gobierno un acuerdo de licenciamiento denominado Enterprise Agreement. Estuardo Lu, gerente de licenciamiento de Microsoft, manifiesta que bajo este sistema de licenciamiento se logra financiar todos los productos de Microsoft en un periodo de tres años. El acuerdo es exclusivo de Microsoft y no está disponible a través de sus socios de negocios, porque se ofertan servicios de valor agregado para las entidades gubernamentales.
Lu indica que el acuerdo Enterprise Agrement, ofrece más que solo la licencia de derecho a uso de todos los productos tanto en escritorio como en servidor, pues se otorga a las entidades del Estado derecho a actualización hacia las nuevas versiones durante el periodo de vigencia del convenio, se da capacitación a los trabajadores y se asiste en el proceso de migración hacia nuevas tecnologías de Microsoft, consiguiendo con todo este paquete de productos y servicios un ahorro de hasta 50%, de acuerdo a Lu.
Bajo el acuerdo Enterprise Agreement, la legalización de cada paquete de oficina Microsoft Office 2003 Estándar, le costaría al gobierno 393 dólares financiado en tres años, con cuotas de 131 dólares anuales, dándole derecho a las oficinas gubernamentales a actualizar su software a Microsoft Office 2007, de acuerdo a lo expresado por el ejecutivo de Microsoft. Tras culminar el periodo de tres años, la entidad del Estado obtiene el derecho de uso a perpetuidad, pudiendo negociar un nuevo contrato por tres años, asumiendo solo los costos de derecho de actualización.
Lu indica que para acogerse al sistema de licenciamiento Enterprise Agreement, Microsfot exige que cada entidad licencie como mínimo 250 computadoras, pero detalla que el acuerdo no cubre el licenciamiento del sistema Operativo Windows. El ejecutivo señala que ya se han acogido al programa catorce entidades del Estado.
Proyecto de migración en el Estado
El Instituto Nacional de Investigación y capacitación en Telecomunicaciones (INICTEL), realizó un proyecto piloto en el que se entrenaron a 495 trabajadores de diez instituciones del Estado, para que tuvieran la capacidad de laborar utilizando herramientas de software libre. De acuerdo a Jose Luis Muñoz Mesa, encargado de los proyectos de transferencia de tecnología, se invirtieron 346 mil nuevos soles en el proyecto, consiguiendo un ahorro en el pago de licencias por encima de un millón seiscientos mil nuevos soles, considerando un horizonte de tres años. El informe final del proyecto, con los detalles de los servicios implementados y los ahorros obtenidos, lo encontrará en este link.
Gracias a la iniciativa desarrollada por INICTEL, se realizó una migración parcial de sistemas en las diez instituciones que se sumaron al proyecto piloto. El objetivo era ofrecer a las entidades del Estado una alternativa confiable para sus operaciones, mejorando los procesos de las instituciones participantes en la capa de servidor y escritorios, reduciendo los gastos por licencias y eliminando el uso ilegal de software, de acuerdo a lo indicado por Muñoz.
Para ejecutar el proyecto se analizó la problemática de cada una de las instituciones participantes y se desarrollaron actividades específicas de sensibilización, formación, implementación y soporte durante la duración del proyecto. El entrenamiento abarcó cursos de introducción al software libre, ofimática con OpenOffice.org, administración de sistemas GNU/Linux, administración y seguridad en redes GNU/Linux y desarrollo de aplicaciones.
Muñoz considera que la curva de aprendizaje para los usuarios de escritorio se reduce en un periodo de dos meses; y tras salvar la etapa de adaptación, los usuarios consiguen el mismo nivel de productividad. Pero al llevar adelante un proyecto de migración hay que considerar sobre todo la resistencia del usuario final, recalcando que la migración en la suite de oficina depende del nivel de liderazgo dentro de cada institución.
El especialista indica que todo el material de entrenamiento, los manuales y el software, se ofrecen en forma gratuita desde el portal http://softwarelibre.inictel.net/, permitiendo así que universidades de provincias generen negocios de soporte para atender a las empresas de su región.
Apoyo del Estado
La reducción de un 69% de piratería en el Estado no resulta tarea fácil en una administración estatal que supera las cien mil computadoras. Ramón Enrique Saldívar, recientemente nombrado jefe de la oficina de gobierno electrónico (ONGEI), considera que a la fecha no ha habido una estrategia clara que permita ejecutar en forma efectiva la norma, e indica que se han dado esfuerzos para educar a los responsables en torno a los riesgos, pero no sobre las alternativas.
Saldívar indica que en América Latina ha habido mucho avance en el tema de evaluaciones, así como modelos de implementación y negociación, pero en el Perú no se ha desarrollado ninguno. Por otro lado, el ejecutivo indica que “no ha habido un protocolo de pruebas, no se ha establecido un equipo de investigación, no se han documentado las investigaciones realizadas para provecho de todas las organizaciones del Estado, y faltan muchos elementos para llegar a una buena toma de decisión”. Indica que su labor apunta a revertir esa situación, desarrollando una guía de adopción de software que resulte efectiva y se acompañe de capacitación, así como también se buscará aprovechar los espacios de negociación con los proveedores para lograr ahorros importantes.
El ejecutivo plantea desarrollar una estrategia que contemple al Estado como uno solo, buscando la integración e interoperabilidad entre los sistemas de las entidades y buscando reducir los tiempos de servicio tanto para la empresa como para el ciudadano.
Experiencia extranjera
La preocupación por lograr plataformas de TI de bajo costo, alineadas a estándares abiertos y que permitan una independencia del proveedor tecnológico, no es exclusiva del gobierno peruano. Diversas entidades gubernamentales del mundo han desarrollado guías que permiten a los jefes del área de sistemas comprender el modelo de negocios del software de código abierto y realizar evaluaciones de la plataforma tecnológica a implementar.
La guía para la migración de software libre en las entidades públicas del Perú data del 2002 y en la actualidad sirve solo como un marco de referencia general; además, carece del detalle técnico que se puede apreciar en otras guías de migración como la desarrollada por el gobierno de Alemania, documento que bien puede servir de guía para los administradores de sistemas en búsqueda de alternativas de migración.
Hay abundante información sobre evaluación de software plasmada en las guías de migración desarrolladas por los gobiernos de Brasil, Australia, Venezuela y administraciones Europeas. E, incluso, comienzan a surgir redes de colaboración entre gobiernos para la implementación de software de código abierto (www.lafarga.cat/xarxa/es/presentacion)
Con el objetivo de brindar un eficiente servicio al ciudadano, el gobierno de Chile ha dictado normas que establecen el alineamiento a estándares internacionales para garantizar el acceso a la información de todos los documentos electrónicos utilizados en la administración pública (http://www.modernizacion.cl/1350/article-70681.html), también se han dado directrices para la elaboración de las páginas web de las entidades de gobierno, apuntando a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información del Estado (www.guiaweb.gob.cl).
La tarea de lograr un Estado eficiente, que sea ejemplo del respeto por los derechos de propiedad intelectual, está en manos de los dirigentes de la actual administración pública, se necesita un mayor esfuerzo que permita asimilar las experiencias del extranjero y delinear una estrategia que permita despedir de los escritorios del Estado de una vez y para siempre al software pirata.
gubernamental, sin ánimo de lucro, que fue fundada y actualmente es presidida por Lawrence Lessig, profesor de derecho en la Universidad de Stanford y especialista en ciberderechos, según la wikipedia.
